Los informantes son una pieza clave para mantener en buen estado la empresa y su transparencia. Para ello, esta figura tiene el deber de informar sobre infracciones normativas para luchar contra la corrupción: conductas indebidas, abusos de poder y discriminación. Para que este sistema sea garantista y el informador esté protegido, las empresas tienen que implementar un canal de denuncias seguro y legal para garantizar la protección de estos y evitar represalias y daños a su reputación. Todo ello, gracias a la Ley de Protección de Datos de los Informadores que se ha aprobado en el Congreso. Para saber en qué consiste la ley, sigue leyendo.
¿Qué es la Ley de Protección de Datos de los Informantes?
La nueva ley tiene como objetivo principal proteger a aquellos que informen sobre irregularidades que ocurren en la empresa. De esta forma, se evitarán despedidos, traslados, intimidación o daños a su reputación. En resumen, consecuencias negativas por cumplir con su deber. Además, para que esto ocurra, la Ley de Protección de Datos de los Informantes pretende establecer un sistema que asegure confidencialidad, seguimiento, investigación y protección al informante. Se hará a través de la designación de un gestor que controle todo ello. El fin es que todo siga su curso con una buena protección de datos y un sistema sancionador para quien lo incumpla.
¿A quién afecta?
Todas aquellas empresas y organizaciones públicas y privadas, con más de 50 empleados, deben implementarlo. También están obligados los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones empresariales y las fundaciones, siempre que reciban o gestionen fondos públicos. De igual forma, los municipios con más de 10.000 habitantes están incluídos.
¿Cómo hacerlo?
Simplemente se necesita un informador e instalar un software de denuncias para que ese sistema garantice la protección de los datos personales. A través del software, se establece un canal de denuncias digital que cumple con los requisitos de la nueva Ley de Protección de Datos
¿A quién protege?
Como decíamos antes, la Ley de Protección de Datos de los Informantes protege a la figura que se va a encargar de informar de las infracciones que ocurren en una empresa, en un contexto laboral o profesional, para así preservar la calidad, seguridad y buen estado de una empresa.
Se puede aplicar en el caso en el que el informante haya obtenido la información revelada, en el marco de una relación laboral ya finalizada o durante el proceso de selección o de negociación precontractual. Además, la ley prevé también medidas de protección a los representantes legales de los trabajadores en el ejercicio de sus funciones de asesoramiento y apoyo al informante.
¿Cuándo entra en vigor?
Esta Ley fue aprobada el 16 de febrero de 2023 por el Congreso. Su entrada en vigor se hace efectiva a los 20 días de publicarse la ley en el BOE y se debe implementar en un plazo máximo de tres meses desde esa fecha. En el caso de las entidades jurídicas del sector privado que tengan 249 trabajadores o menos, hay una excepción, el plazo se puede extender hasta el 1 de diciembre de 2023.
¿Qué pasa al aplicar la Ley de Protección de Datos de los Informantes?
La ley se divide en causas graves, muy graves o leves y las sanciones varían en función de ello. Las leves van desde los 1.001 hasta 10.000 euros. Las graves desde los 10.001 hasta los 30.000 euros y, las muy graves desde los 30.001 hasta los 300.000 euros. También varía en función de si afecta a una persona jurídica o física. Si es una persona jurídica, la sanción oscila de los 100.000 € en caso de infracciones leves, hasta 600.000 € en caso de infracciones graves y hasta el millón de euros en caso de infracciones muy graves.
Si necesitas asesoramiento sobre cómo encontrar esta figura, cómo protegerla y cómo establecer un canal de denuncias, no dudes en contactar con HE Abogados
