La proliferación del alquiler turístico ha convertido su regulación en uno de los debates más trascendentes del momento. Un crecimiento constante del turismo y la expansión de la economía colaborativa han afectado directamente al mercado inmobiliario en nuestro país. La plausible necesidad de legislar el precio del alquiler pretende evitar una marcha obligatoria de los residentes del centro de las grandes ciudades. El aumento de los precios del alquiler se ha debido en gran medida a la expansión de plataformas turísticas como Airbnb, Booking o Homeaway. Aumenta la demanda de pisos turísticos y esto repercute en un inflamiento desorbitado de los precios. Por ello, es indudablemente necesario que exista una regulación específica al respecto.
Sin embargo, para realizar un control de las viviendas empleadas con fines turísticos, los gobiernos se encuentran ante numerosas dificultades. De hecho, hace unos días, el Pleno del Congreso de los Diputados tumbó el Real Decreto Ley aprobado por el Gobierno Central el pasado 14 de diciembre. En dicho Decreto Ley, se establecían medidas urgentes relativas a la vivienda determinando la regulación del alquiler turístico como una actividad económica propia. De esta forma, estas viviendas hubiesen dejado de formar parte de la Ley de Arrendamientos Urbanos, aunque finalmente la decisión del Congreso ha retornado la situación al año 2013.
El alquiler turístico en las grandes ciudades
Los Gobiernos de las grandes ciudades como Madrid y Barcelona establecieron el pasado año medidas para frenar la proliferación de pisos turísticos. Entre ellas, la paralización de concesiones nuevas de licencias, o la obligatoriedad de contar con un acceso independiente a la calle y una licencia de hospedaje. Ante este intento de regulación, las asociaciones afectadas han presentado numerosas alegaciones para paralizar las medidas. Alegaciones que aún están siendo estudiadas por los servicios técnicos. Por tanto, el Plan Especial diseñado por el Gobierno de la Comunidad de Madrid o de Barcelona se encuentra ante dificultades que impiden su efectividad real.
En cualquier caso, el principal objetivo que se persigue con las medidas municipales es evitar una mayor gentrificación en las grandes capitales. Esta salida de los residentes de los barrios más céntricos afecta en su mayoría a las clases medidas y al colectivo más joven. La subida de los precios encarece la posibilidad de residir en las urbes, realidad contra la que luchan los Gobiernos autonómicos.
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